“Lo que sucede en el territorio del Cocomopoca en el Chocó es un ejemplo de la exclusión de las comunidades afrodescendientes en todo el Pacífico colombiano”: Ximena González, abogada de Tierra Digna

El Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” es una organización dedicada al acompañamiento de comunidades afectadas por proyectos o políticas extractivas en sus territorios. La Federación Luterana Mundial habló con Ximena González, abogada miembro de esa organización, sobre el caso del Consejo Comunitario Mayor de la Opoca- Cocomopoca. Tierra Digna es uno de los socios estratégicos de la FLM para sus proyectos en Chocó y trabajan, junto con la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó, por la restitución y el respeto a los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio del Cocomopoca. 

FLM. La FLM tiene una relación de larga duración con el Cocomopoca ¿Cuál fue el primer acercamiento de Tierra Digna al caso?

X.G: Conocimos a Cocomopoca en 2010. En ese momento, el Consejo estaba a punto de obtener su título de territorio colectivo, que se concretó en septiembre de 2011, y su principal preocupación era la gobernabilidad de ese territorio, que se estaba viendo amenazada por las consecuencias críticas del conflicto armado y por la llegada de algunos intereses económicos. Detectamos la llegada de mineros informales de diferentes partes del país que empezaron a hacer una práctica muy intensiva de la minería que, hasta el momento, deja un saldo de destrucción bastante alto pero que, a su vez, se ha convertido en una alternativa económica de la que depende parte de la población. También nos dimos cuenta de que se concedieron títulos mineros a grandes empresas extractivas en épocas en las que el conflicto armado estaba recrudeciendo. Fue entonces cuando entendimos que había una conexión no muy sana entre ese conflicto, la grave problemática de desplazamiento forzado que se estaba dando y la llegada de esos intereses.

FLM. ¿Cuál es el origen del conflicto en el territorio del Cocomopoca?

X.G. Si bien comenzó a finales de los años 90 con la presencia de grupos insurgentes y paramilitares en ese territorio, es en la época de los 2000 en la que ese conflicto ha presentado los picos más altos y críticos. El territorio de Cocomopoca comprende cuatro municipios en el Chocó: Bagadó, Atrato, Cértegui y Lloró. Son 73 mil hectáreas sobre las que han influido todo tipo de actores armados. Todo este conflicto generó un desplazamiento forzado del 30% de la población de Cocomopoca, que hoy en día no ha podido retornar. La mayoría de desplazados están en Pereira, Medellín, Quibdó, Bogotá, y hay un alto porcentaje de desplazamientos intracomunitarios. La organización ha intentado hacer un censo de todas esas familias que salieron para poder entender si en un proceso de retorno, restitución y reparación podrían volver o no.

FLM. ¿Qué relación tiene la minería con toda esta problemática?

X.G. El actual Gobierno ha presentado a la minería informal como un problema de orden público, pero no se trata sólo de eso. Por otro lado, en el departamento del Chocó la minería artesanal es una práctica ancestral y, en las épocas de mayor violencia, sus técnicas de aprovechamiento se transformaron: hoy en día se utiliza maquinaria pesada y sustancias tóxicas, como el mercurio, para obtener mejores rendimientos. Y, si bien podríamos decir que la mayoría de esa maquinaria no pertenece a las comunidades, lo que sí es verdad es que la minería ha generado excedentes económicos que antes sus habitantes no tenían.

FLM. ¿La solución pasa por prohibir la minería?

X.G. Si queremos superar los impactos de la actividad minera informal, no podemos pensar que los problemas se solucionarán simplemente diciendo “no” a la minería, prohibiéndola, ordenando bombardeos, quemas de maquinaria, y detenciones. Tenemos que entender que esas comunidades necesitan alternativas productivas, opciones rentables, que generen bienestar individual y comunitario. Las comunidades negras que tienen por tradición y ocupación principal la minería a pequeña y mediana escala, deben hacer transición hacia otras técnicas de aprovechamiento minero, sin uso de mercurio, en áreas restringidas y delimitadas, pues la minería no se puede seguir haciendo de esa forma desordenada e indiscriminada. Hay que impulsar  con fortaleza otras alternativas productivas en los territorios y aprender del  pasado, pues la respuesta también está en la ancestralidad de las comunidades: en la época en la que la minería no era la única actividad económica, sino que la combinaban con la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, etcétera. 

FLM. ¿Qué se ha hecho hasta el momento para hacer visible esta grave situación y encontrar una solución?

X.G. Cocomopoca, desde que obtuvo su título colectivo, tomó la decisión de emprender distintas acciones de carácter político y jurídico con la idea de defender su territorio frente a estas amenazas. En ese sentido, uno de sus logros más importantes ha sido la obtención de una medida cautelar de protección del territorio. También hizo un esfuerzo por visibilizar su caso ante la Corte Constitucional, en el marco del Auto 005 de 2009, donde se reconoció que el municipio de Bagadó es de los más afectados por desplazamiento forzado de comunidades afro y la organización logró que el año pasado el Ministerio del Interior emitiera una ruta étnica de protección. Es decir que el mismo Ministerio, en cumplimiento de esa orden de la Corte Constitucional, ordenó unas medidas especiales para la población desplazada de Cocomopoca.

FLM. ¿Cuál es la relación de Tierra Digna con la medida cautelar y qué efecto tuvo?

X.G. Cocomopoca presentó y ganó su medida cautelar a través de la representación legal de Tierra Digna. Esta medida se enfoca en órdenes de protección colectiva para los líderes, pues las amenazas en su contra están aumentando; en el desminado humanitario en las zonas donde hay minas antipersona; en investigar el tema de la minería informal, entender sus impactos en los derechos humanos y la priorización de la organización como sujeto de reparación colectiva, entre otros temas. Sin embargo, la medida cautelar de la Cocomopoca, a diferencia de la sentencia hito del Alto Andágueda, no logró detener ni atacar los intereses económicos de las grandes empresas porque hay demasiados intereses en juego, por eso no ha habido avances.

FLM. ¿Específicamente, cuáles eran las demandas del Cocomopoca?

X.G. Se solicitó la nulidad de los contratos de las empresas mineras, no la suspensión, con el argumento de que hay un objeto y una causa ilícita en esos contratos porque en los tiempos de mayor violencia, y cuando la comunidad estaba solicitando su título colectivo, era absurdo entregar los derechos sobre el subsuelo a unos particulares que sí podían constatar que ese era un territorio en conflicto.

Adicionalmente,Tierra Digna presentó una acción del tutela que tiene por demandantes, además del Cocomopoca, a otros Consejos de toda la cuenca del río Atrato y al Foro Interétnico Solidaridad Chocó, para hacer ver que de por medio existe un problema estructural, que no se trata solo de una política pública de restitución con avance limitado, sino de que los intereses económicos se resisten a ser sacrificados.

FLM. Es evidente que, pese a las acciones jurídicas emprendidas, los problemas que enfrentan las comunidades afrodescendientes del territorio del Cocomopoca persisten ¿Cuál es el llamado de Tierra Digna a las autoridades?

X.G. Una de nuestras propuestas y exigencias en las demandas que buscan garantizar los derechos fundamentales y territoriales de las comunidades es que también se emprendan programas de restauración y rehabilitación comunitaria del territorio, no sólo ante la grave situación humanitaria, sino por la destrucción ambiental. Pero, sobre todo, lo que pedimos es que el Estado intervenga, el Chocó ha sido un departamento absolutamente abandonado. En esos territorios no hay servicios públicos, no hay agua, no hay alcantarillado, no hay luz… ¿Cómo puede el Estado colombiano permitir que haya comunidades que vivan en esas condiciones sin inmutarse? Lo que pedimos a través de estas demandas es que el Estado cumpla con su deber, con su misión histórica: que haya salud, educación, servicios básicos, pero también que las comunidades cuenten con alternativas de vida. Necesitamos algo sostenible, rentable, diverso, para que la gente pueda salir adelante.

FLM. A pesar de las dificultades y de los riesgos, ¿Cuáles han sido los principales logros de todas las acciones que se han emprendido para visibilizar la situación en el territorio del Cocomopoca?

X.G. El camino de la restitución ha sido arriesgado, pero también fue una buena oportunidad para hacer una caracterización de todos los hechos de violencia, que fue un ejercicio de memoria colectiva muy importante. Así mismo, junto con la FLM hemos promovido que haya un relevo generacional y una renovación en los liderazgos. También hemos propiciado acercamientos con el Resguardo Tamí de los indígenas Embera Katío en el Alto Andágueda, que colinda con el territorio del Cocomopoca, pues como consecuencia de toda esta problemática ha habido conflictos interétnicos que antes no se presentaban. Para los intereses mineros se trata de un mismo territorio, pero para estas comunidades son territorios diferenciados. Para los indígenas y los afro saberse dueños del territorio es muy importante, hace parte de su cultura, por lo que la titulación de las tierras implica algo muy superior a la mera vecindad.

FLM. ¿Cómo se enmarca el caso del territorio del Cocomopoca en la realidad social, política y económica del país?

X.G.  Este caso es una muestra de la situación de las comunidades negras de todo el Pacífico colombiano, es un patrón. Se replica desde la parte más alta del Chocó hasta Nariño, pasando por el Cauca y el Valle. Tenemos a una población excluida, ¿por qué? Es lo que tenemos que saber y seguir trabajando para que deje de ser así.