Comunidades afrocolombianas del Medio Atrato, preocupadas: ¿Qué pasará con la pequeña minería tradicional e informal?

“Si se acaba la minería, tendría que irme. Pero no me quiero ir, quiero quedarme aquí, ésta es mi casa. No tengo a dónde ir y necesito trabajar para vivir bien. El barequeo es el único ingreso que tengo”, afirma Orlinda Romaña. Foto: FLM/R.Leskinen

Históricamente, muchos habitantes del departamento del Chocó han vivido de la minería artesanal, que les ha suministrado los recursos para sacar adelante a sus familias y acceder a bienes y servicios básicos. Sin embargo, este modo de rebusque se ha ido perdiendo, debido al auge de la minería basada en el uso de maquinaria pesada.

Esta práctica no solo ha provocado un grave impacto ambiental -por ejemplo, por la degradación de las áreas de terreno aptas para la producción agrícola-, sino social: el sustento a través de la extracción de oro se ha visto afectado, puesto que el barequeo (una jornada entera de trabajo con derecho a vender autónomamente lo conseguido) ahora solo es posible con la autorización de los dueños de los entables mineros semanal, quincenal o mensualmente.

Es por eso que las comunidades afrodescendientes que habitan en la ribera del rio Bebará, en el Medio Atrato chocoano, están preocupadas por el futuro de la economía local, pues el actual gobierno ha anunciado una lucha frontal contra la minería informal e ilegal.

“Todos los habitantes de la zona vivimos de la minería: bien sea trabajando directamente en las minas, barequeando, o como transportadores”, dice Yair Rivas, medioatrateño de 34 años. “Lo que cultivamos apenas alcanza para alimentar a nuestras familias, no hay para vender”.

Según Beatriz García del Campo, Coordinadora del Programa Colombia de la Federación Luterana Mundial, las comunidades que tuvieron una vocación minera tradicional se vieron desplazadas de su actividad de barequeo por la entrada de mineras más grandes: “Es por eso que los mineros artesanales se oponen a la entrada de las medianas y grandes empresas mineras”, afirma.

Parte del motivo por el que se oponen es que, según los habitantes de las comunidades, si la minería se acaba, lo perderán todo: unos deberán buscar empleo en otros lugares, mientras otros podrían verse desplazados de sus tierras.

La Federación Luterana Mundial- Programa Colombia trabaja en algunas áreas del Chocó, junto con la iglesia católica y organizaciones locales como COCOMOPOCA y Tierra Digna, en un proyecto financiado por la Unión Europea y la Iglesia de Suecia, que tiene dentro de sus objetivos el de visibilizar la situación de estas comunidades. El proyecto trabaja desde un enfoque de derechos y de participación comunitaria para lograr espacios de incidencia a nivel local, nacional e internacional. 

Según García del Campo, la excesiva dependencia de la actividad minera genera pérdida de autonomía en las comunidades, además de importantes cambios ambientales y sociales: “Hay pérdida de la soberanía alimentaria y cambios en las economías tradicionales en áreas que pasaron de ser zonas campesinas a convertirse en zonas mineras, además de que se genera una falsa percepción de abundancia por tener un dinero más rápido, a pesar de que ahora las comunidades tengan que comprar lo que antes producían”, afirma.

A Orlinda Romaña, de 38 años y madre cabeza de hogar con siete hijos, le aterra pensar cómo sería su vida si no puede seguir barequeando, actividad que realiza desde los 11 años de edad:  “Si se acaba la minería, tendría que irme. Pero no me quiero ir, quiero quedarme aquí, ésta es mi casa. No tengo a dónde ir y necesito trabajar para vivir bien. El barequeo es el único ingreso que tengo”, dice.

Liseño Bejarano Blandón, miembro del Consejo Comunitario de Pueblo Viejo, afirma que el Estado debe invertir en la zona, buscar alternativas junto a las comunidades, crear nuevas posibilidades económicas, generar empleo y proteger el medio ambiente. En su opinión, y en la del resto de los habitantes de su comunidad, la minería informal debe ser regulada, pero no declarada ilegal.

A las afectaciones medioambientales y económicas se suman el abandono estatal, el conflicto armado, el desempleo, la falta de acceso a la salud y a la educación y la vulneración constante de los derechos humanos, que por desgracia son una constante en el departamento del Chocó. Sus habitantes esperan que la minería sea regulada, pero sin afectar el sustento de sus familias.

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El pasado 6 de julio de 2016, el episcopado católico colombiano, reunido en asamblea en Bogotá, hizo un clamoroso llamado a las autoridades para que detengan la que llaman “minería irresponsable”, que según los prelados “está causando graves repercusiones en el medio ambiente, la dignidad humana y la convivencia social”. Para más información, haga click aquí