La FLM incide para que autoridades indígenas del Alto Andágueda y representantes del Cocomopoca tengan vocería ante el Relator Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de la ONU
Durante su visita el pasado mes de septiembre, el Relator Especial sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michel Forst, se reunió con los líderes Otoniel Queragama, del Resguardo Indígena del Alto Andágueda, y Maryuri Mosquera, del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca). La reunión contó con el acompañamiento de la Comunidad de Juristas Indígenas Akubadaura, la organización Tierra Digna y la Federación Luterana Mundial (FLM) y tuvo como objetivo explorar los mecanismos de protección y autoprotección más efectivos y adecuados para defensores de derechos humanos, especialmente, quienes defienden el derecho de las comunidades a vivir en sus territorios ancestrales.
El encuentro, que hace parte de las actividades del proyecto “Chocó: Derechos Territoriales, étnias y paz”, implementado por la FLM y Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó con el apoyo de la Unión Europea, sirvió para visibilizar ante Naciones Unidas las medidas de protección en favor del Cocomopoca, así como el incumplimiento de la Sentencia 007 de 2014, en la que se reconocen “las afectaciones y daños al territorio de la comunidad indígena del Resguardo del Alto Andágueda, para la recuperación del ejercicio pleno de sus derechos territoriales vulnerados en el contexto del conflicto armado interno y los factores subyacentes y vinculados al mismo…”.
Los líderes informaron al Relator que “la situación de desprotección de las comunidades se debe a la combinación de intereses mineros y conflicto armado en sus territorios”. Tanto Queragama como Mosquera invitaron a Forst a abordar un enfoque diferencial en la protección a defensores que implique no sólo defender a la población de actores armados, sino también garantizar la defensa integral del territorio.
“La Guardia Indígena ha sido un mecanismo idóneo de autoprotección en el Resguardo, sin embargo, su permanencia se ve amenazada por el incumplimiento de la Sentencia 007, especialmente, en lo referente a su capacitación”, dijo Queragama, y aseguró que los cabildos del Resguardo están garantizando el retorno de la población desplazada del Alto Andágueda que actualmente está en Medellín y Bogotá. Sin embargo, agregó, el Estado debe garantizar condiciones dignas en el territorio para que la población retornada permanezca allí.
Por su parte, Mosquera manifestó su preocupación por las amenazas que reciben los miembros de la Junta Directiva del Cocomopoca como consecuencia de su posicionamiento frente la minería ilegal en su territorio. “La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha implementado medidas como chalecos antibalas y celulares que resultan inoperantes para las condiciones de terreno: el transporte en el Chocó es, sobre todo, por via fluvial, por lo que en caso de atentado el chaleco antibalas hace que el protegido se hunda en el agua, en vez de salvar su vida; por otro lado, hay zonas del departamento donde no hay señal de telefonía móvil, por lo que dotar a los defensores de celulares como medida de protección resulta inútil”, dijo. Mosquera explicó que, dadas estas circunstancias, las comunidades han gestionado su propia ruta de protección de manera coordinada.
Respecto al caso del Resguardo del Alto Andágueda, tanto la FLM como Akubadaura solicitaron al Relator que inste al Estado colombiano a acatar las órdenes de Tribunal Superior de Antioquia y las ponga por encima de los intereses de las empresas extractivas y de los actores armados. Ambas organizaciones consideran que las medidas de protección idóneas ya se encuentran en la Sentencia 007 de 2014 y que no es necesaria la creación de más instituciones. Así mismo, pidieron a Forst que se constituya en veedor del avance de los procesos de restitución en curso, como el del Cocomopoca, en el que ha habido dilaciones injustificadas a la implementación de las medidas de protección a las comunidades afrodescendientes que lo conforman.
A su turno, el Relator instó a las organizaciones indígenas a trabajar mancomunadamente para enfrentar los riesgos en protección. “El aislamiento y confinamiento en el que viven estas y otras comunidades en el país pueden hacer que cualquier estrategia sea insuficiente”, dijo, y reiteró que es necesaria la cooperación internacional para garantizar la protección de las comunidades indígenas. En ese sentido, Akubadaura destacó el compromiso de la Federación Luterana Mundial como organización internacional y afirmó que, sin su apoyo, no hubiera sido posible conformar el equipo de trabajo que asesora a estas comunidades para que puedan defender y ejercer sus derechos a la vida y al territorio.
Del 12 al 22 de noviembre de este año, miembros de este equipo de trabajo harán una gira internacional por Ginebra y Suecia que permitirá a los actores locales seguir participando en incidencia internacional y traer su voz a los debates internacionales. De esta manera, se exigirá que el Estado responda frente al abandono en el que se encuentran estas comunidades y proceda a restituir sus territorios colectivos.