La FLM insta a las autoridades al cumplimiento de la sentencia a favor del Resguardo Indígena del Alto Andágueda
El pasado 23 de septiembre se cumplió un año desde que el Tribunal Superior de Antioquia emitiera la Sentencia No. 007 en la que reconoce “las afectaciones y daños al territorio de la comunidad indígena del Resguardo del Alto Andágueda (Chocó), para la recuperación del ejercicio pleno de sus derechos territoriales vulnerados en el contexto del conflicto armado interno y los factores subyacentes y vinculados al mismo”.
Pese a que la sentencia es considerada “un hito para el Estado colombiano” -como afirma la abogada Lucía Morillo, de la Comunidad de Juristas Akubadaura-, puesto que ordena la suspensión de todas las actividades y de la concesión de títulos mineros a terceros ajenos al resguardo, así como la investigación de los hechos victimizantes, tanto la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC como un reciente informe de Amnistía Internacional- AI achacan al Gobierno nacional el poco avance por parte de las instituciones competentes para el cumplimiento de las órdenes que emite esa sentencia.
Luis Fernando Arias, representante de la ONIC, dijo durante un evento llevado a cabo en Bogotá el 10 de noviembre de 2015 que aunque esa Organización “puede afirmar que existe un avance en cuanto a la existencia de un marco normativo que reconoce los derechos de las víctimas indígenas a la restitución de sus derechos territoriales”, la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado solo tres medidas cautelares y cinco demandas y conseguido un solo fallo para las comunidades indígenas colombianas (el del Alto Andágueda) durante los últimos cuatro años.
Arias toma como punto de referencia el Decreto Ley 4633 de 2011 que dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas. Aseguró que “existe un profundo desconocimiento y nula aplicación de los objetivos planteados” en ese decreto “por parte de los funcionarios y las entidades encargadas de cumplir las órdenes”.
Por su parte, Amnistía Internacional-AI hace referencia en su informe a las medidas cautelares para el Alto Andágueda solicitadas en 2013 por la Unidad de Restitución de Tierras, en virtud del decreto ya citado, que “pretendían proteger a la comunidad y suspender las solicitudes de explotación minera y los títulos ya concedidos, estos últimos sin un proceso adecuado de consulta y sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas”.
Respecto a la Sentencia de 2014, AI coincide con la ONIC y con los representantes del Resguardo Indígena del Alto Andágueda en su incumplimiento. Para ello, cita una revisión llevada a cabo por la Contraloría General que concluyó que se había producido un “grave incumplimiento institucional”: “la mayoría de las órdenes judiciales no se han implementado y la comunidad sigue careciendo de saneamiento y otras infraestructuras básicas, mientras el acceso a educación y servicios de salud sigue siendo muy limitado”, asegura la organización internacional.
Una difícil situación humanitaria
El Resguardo Indígena del Alto Andágueda, conocido en lengua Embera como Tahami, pertenece al municipio de Bagadó y fue constituido por el Incora (hoy Incoder) en 1979. Está compuesto, según datos de 2012, por 31 comunidades a las que pertenecen 1.454 familias y 7.270 individuos.
Debido a su ubicación y a las características de la zona, en este territorio hacen presencia grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y bandas criminales. Los enfrentamientos entre ellos y de estos con la Fuerza Pública han tenido graves consecuencias en las comunidades indígenas, que han sido víctimas del despojo, el reclutamiento y el desplazamiento forzados, el asesinato de sus líderes y la ocupación de sus viviendas, entre otras graves violaciones a sus derechos humanos.
La Federación Luterana Mundial, que trabaja en el departamento del Chocó desde 2007 y abrió su primer proyecto en el Alto Andágueda en 2012, conoce de primera mano la grave situación humanitaria que vive la comunidad indígena Embera. La falta de acceso de la población a agua y saneamiento básicos, servicios de salud y educación y vías de acceso, son consecuencia del abandono del Estado.
Por ese motivo, su intervención ha estado centrada en la zona 3 del resguardo, en seis comunidades indígenas: Santa Isabel, Mutatá, Dos Quebradas, Vivícora, Alto Palmira y Limón, donde apoyó en el año 2012 la construcción de casas aguateras para facilitar el acceso de la comunidad a agua limpia y segura, a la vez que ha emprendido acciones tendientes a proveer semillas nativas y hacer posible la seguridad alimentaria. También ha trabajado en la resolución de conflictos interétnicos asumiendo un papel de mediación y se ha esforzado por hacer visible la situación ante autoridades locales, nacionales e internacionales con capacidad de tomar decisiones que beneficien a la población.
A nivel más amplio, el objetivo de la Federación Luterana Mundial es aportar a la construcción de la paz territorial en el departamento del Chocó y al restablecimiento efectivo de los derechos territoriales y de las víctimas del conflicto armado del pueblo indígena Embera Katío del Alto Andágueda y de las comunidades afrocolombianas del Alto Atrato, para que puedan vivir en sus territorios ejerciendo su autonomía y derecho propio.
La FLM se propone fortalecer las capacidades de dichos grupos para que incidan en el cumplimiento de las órdenes judiciales y en la normatividad en restitución de tierras en el marco de la justicia transicional, y tramiten sus conflictos interétnicos garantizándose el goce efectivo de sus derechos étnicos territoriales.
Por considerar de vital importancia que tanto las comunidades indígenas como afrodescendientes del Chocó vean restituidos sus derechos, la Federación Luterana Mundial insta a las autoridades a favorecer el cumplimiento de la normativa vigente para que estas poblaciones puedan tener una vida digna y vivir en paz.