Bojayá, catorce años después

Placa conmemorativa en la fachada de la iglesia de Bellavista, Bojayá. Foto: FLM/B. García del Campo

“El asesino de mi hijo puede vivir en mi comunidad, puede ser mi vecino, yo estoy dispuesta a perdonarlo. Le saludaré todos los días con el respeto que él se merece. Vergüenza debe darle a él al verme todos los días y pensar en todo el daño que me hizo, por haber acabado con mi vida”. Así se expresa una mujer chocoana víctima de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002. Una mujer que perdió la tranquilidad en su vida por cuenta del conflicto armado, miembro de una comunidad atrapada en medio de todos los fuegos. El Cristo mutilado como consecuencia del ataque es testimonio y, a la vez, símbolo del sufrimiento de la población.

Catorce años después de la masacre, Bojayá es hoy un territorio en el que sus habitantes continúan luchando por tener una vida digna. Para ellos, como para la mayoría de los habitantes del Chocó, muchas cosas no han cambiado desde entonces: siguen enfrentando dificultades para ejercer sus derechos humanos, continúan siendo víctimas del olvido del Estado, siguen sin tener satisfechas sus necesidades básicas, no cesan de ser victimizados por múltiples actores armados, pero resisten a pesar de todo.

El 6 de diciembre de 2015, las FARC pidieron perdón a las víctimas en un acto privado que contó con el acompañamiento de la Unidad de Víctimas y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La Federación Luterana Mundial, que trabaja con y para las comunidades de la zona, fue una de las pocas organizaciones que estuvo allí. El perdón de la población después de un hecho tan atroz conmovió al propio jefe guerrillero alias Pastor Alape, que reconoció que había sido un error de las FARC haber atacado a la población.

A finales de la semana pasada, un grupo de maestros de dos instituciones educativas (una indígena y otra afrodescendiente) de Vigía del Fuerte (Antioquia), muy cerca de Bellavista, principal punto urbano de Bojayá, denunciaron ser objeto de amenazas y extorsiones por parte de hombres que se identificaron como miembros de grupos paramilitares y del denominado Clan Úsuga, que operan en la zona y han demostrado su capacidad de hacer daño a la población.

Como si el conflicto fuera poco, desde principios de enero de 2016 la población de Bojayá enfrenta un grave brote de malaria que ya se ha cobrado varias vidas, especialmente, entre la población infantil. Y, como prueba del abandono y el olvido en el que viven, no tienen medicamentos con los que puedan hacer frente a la enfermedad. La Federación Luterana Mundial ha alertado sobre la situación y hecho un llamamiento a las autoridades para que hagan presencia y ayuden a las personas afectadas de la zona.

Los bojayaseños quieren creer en la paz, pero para ellos, esta tiene que verse reflejada en una mejora de sus condiciones de vida. Los líderes del Comité de Defensa de los Derechos  de las Víctimas han manifiestado a la FLM que consideran que los acuerdos pactados en La Habana después de su firma deben contar con la participación activa de quienes habitan el territorio.

“Las víctimas estamos dispuestas a apostarle al proceso de paz, pero necesitamos compromiso de las entidades, organizaciones, etcétera, para que se muestre al mundo la realidad en la que viven nuestros pueblos indígenas y afrocolombianos, solo de esta forma se puede construir comunidad y país”, afirman.

La Federación Luterana Mundial Programa Colombia continuará con su compromiso de trabajar con las comunidades en el fortalecimiento de los procesos organizativos, la igualdad de género, el acompañamiento emocional y psicosocial, entre muchas otras actividades que lleva a cabo, para que tanto en Bojayá como en todo el departamento del Chocó se pueda empezar a construir la paz con justicia social.