Organizaciones internacionales de la sociedad civil suscriben pronunciamiento de apoyo al proceso de paz y llaman a las partes a desescalar el conflicto armado

Saara Vuorensola-Barnes, Representante de País de la Federación Luterana Mundial-FLM, durante la lectura del pronunciamiento firmado por 131 organizaciones de la sociedad civil internacional. Izquierda: Padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Derecha, Juan Martínez, de Conpaz. Foto: FLM/ N.Rojas

La Representante de País de la Federación Luterana Mundial, Saara Vuorensola-Barnes, leyó esta mañana en rueda de prensa, y en nombre de 131 organizaciones internacionales de la sociedad civil, un pronunciamiento de apoyo a la sociedad civil colombiana y al proceso de paz.

En el documento, estas organizaciones muestran su satisfacción por el cumplimiento del cese unilateral al fuego por parte de las FARC, así como del compromiso del Ejército de no bombardear campamentos de esa guerrilla.

Sin embargo, manifestaron su preocupación por la persistencia de acciones militares como la ocurrida en Cartagena del Chairá el pasado mes de octubre, pues consideran que esas acciones no se corresponden con los anuncios hechos por las delegaciones del Gobierno y las FARC de “agilizar en La Habana y desescalar en Colombia” para proteger a la sociedad civil, además de que pone en riesgo el cese al fuego unilateral y un eventual cese al fuego bilateral.

Asimismo, el pronunciamiento recoge la preocupación de la sociedad civil internacional por “el incremento de estructuras paramilitares”, que “constituye un factor de riesgo en varios lugares del país para la población civil y su participación, para el proceso de paz y para la viabilidad de la implementación de los acuerdos a los que pueda llegar el Gobierno con las FARC-EP”.

Al respecto, Vuorensola-Barnes añadió que el paramilitarismo no ha desaparecido y que prueba de ello son los testimonios de los socios locales de las organizaciones internacionales, que confirman la presencia de estos grupos al margen de la ley en campamentos grandes en algunas zonas del país.

Según el séptimo informe de la Veeduría Social, citado en el documento, este hecho se ha dado en zonas donde existe capacidad operacional de la Fuerza Pública, entre ellos Bajo Atrato (Chocó), San José de Apartadó (Antioquia), Mapiripán (Meta), Villanueva, Tauramena y Monterrey (Casanare), El Zulia (Norte de Santander), Buenaventura y Tuluá (Valle del Cauca), Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez (Cauca), Tumaco (Nariño) y Puerto Libertador (Córdoba).

Las organizaciones internacionales reiteraron su compromiso con una salida política negociada al conflicto armado en Colombia y exhortaron a las delegaciones del Gobierno y las FARC, a las que enviaron el pronunciamiento, a implementar medidas de desescalamiento de la confrontación y a concretar procedimientos para facilitar el cese bilateral al fuego y a las hostilidades; a avanzar en propuestas concretas para esclarecer el fenómeno del paramilitarismo y en la finalización y difusión del Acuerdo sobre Justicia Transicional, y concretar una Mesa de Conversaciones con el ELN, pues, según Vuorensola-Barnes, “solo a través de procesos de paz con ambas guerrillas se podrá llegar a una paz verdadera para la sociedad civil colombiana”.

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