"Es necesario que la restitución de tierras avance, para garantizar los derechos territoriales de las comunidades étnicas", concluyeron organizaciones convocantes a foro en la Universidad Javeriana

Foto: FLM/N.Rojas

 

Esta mañana se llevó a cabo en la Universidad Javeriana el Foro “Cinco años después de la Ley de Víctimas y Restitución de Derechos Territoriales: Impactos sobre comunidades indígenas y afrodescendientes”, convocado por 16 organizaciones sociales y no gubernamentales, entre ellas, la Federación Luterana Mundial. El objetivo del evento fue hacer un balance de los procesos de restitución de tierras a comunidades étnicas y analizar los avances y retos, el estado actual de diversos procesos y hacer una serie de recomendaciones para una mejor implementación de la Ley, en el marco del respeto a los derechos territoriales de estas comunidades.

Al evento asistieron líderes de procesos comunitarios, como el del resguardo indígena Embera Katío del Alto Andágueda, y del Consejo Comunitario Mayor de la Opoca- Cocomopoca, en el Chocó. También se hicieron presentes los representantes del Consejo Comunitario la Larga Tumaradó- Cocolatu, en el Darién; del Consejo Comunitario Eladio Ariza, en el caribe, y del resguardo sikuani de Caño Ovejas, Sucre.

Así mismo, al evento asistieron funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras - particularmente, de la Dirección de Asuntos Étnicos- y de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, se lamentó la ausencia de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio del Interior en la discusión, de enorme importancia para el país.

Durante su intervención, la investigadora Yamile Salinas Abdala, de Indepaz, destacó que la restitución de los derechos territoriales de víctimas indígenas y afrodescendientes “no avanza, mientras sí lo hacen el despojo y la persecución a los líderes de las comunidades reclamantes de tierras”. Añadió que existe una incongruencia entre las políticas económicas y las de derechos humanos, pues no se respeta el derecho de las comunidades, a la participación, a la consulta previa y a la restitución de sus territorios colectivos.

En ese mismo sentido se expresaron varios de los líderes indígenas y afrodescendientes que intervinieron durante el Foro, quienes se quejaron de la falta de acompañamiento y de medidas adecuadas para el retorno de las comunidades a sus territorios, denunciaron la presencia de grupos paramilitares y ocupantes de mala fe en sus territorios y afirmaron que son víctimas de estigmatización y amenazas por defender los derechos de sus comunidades.

Por su parte, la directora de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Derly Aldana, hizo un balance de la gestión de esa oficina gubernamental y afirmó que actualmente hay un total 183 casos, entre comunidades indígenas y afrodescendientes. La funcionaria destacó la importancia de contar con la participación y el aval de las comunidades para llevar a cabo los procesos de restitución, a la vez que reconoció falencias, como la falta de adecuación institucional del Estado, para atender a las víctimas  y garantizar sus derechos.

“Hay factores estructurales, como la exclusión y la discriminación histórica de las comunidades étnicas, y la falta de formalización de la tenencia de la tierra, que subyacen a esta problemática”, agregó la funcionaria. También se refirió a la inoperancia de los organismos del Estado encargados durante los últimos 25 años del tema de la tierra, los problemas de acceso a los territorios, la persistencia del conflicto y la demora de los jueces para tomar decisiones sobre estos casos, como obstáculos importantes en el cumplimiento de la Ley. Así mismo, Aldana insistió en la voluntad y disposición de la URT para llegar a acuerdos con las comunidades y sus organizaciones acompañantes para avanzar en los procesos administrativos y lograr el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Finalmente, Juan Pablo Guerrero, del Cinep, hizo en nombre de todas las organizaciones convocantes una serie de recomendaciones entre ellas, ampliar el plazo de implementación de la ley, tomar medidas de protección integral para los reclamantes, que tengan en cuenta su entorno y características culturales; cumplir con las órdenes de sentencias y medidas cautelares falladas a favor de de estas comunidades; retomar la Mesa Nacional de Garantías, y mejorar la articulación entre las instituciones encargadas de implementar la política de restitución de tierras, así como incluir el enfoque diferencial y de género.