Comunidades indígenas y afrodescendientes de Chocó aumentarán sus capacidades para la salvaguardia del territorio y la protección colectiva

• 7.300 personas y ocho organizaciones étnicas -principalmente indígenas- que afrontan situaciones como confinamiento, desplazamiento y demás riesgos relacionados con el conflicto armado, se beneficiarán de este proyecto.

Quibdó, 16 de septiembre de 2020. Inicia proyecto en el departamento de Chocó que busca mejorar las condiciones de vida digna en el territorio y el bienestar psicosocial de las comunidades étnicas y afrocolombianas del Carmen de Atrato (Reservas la Puria, Zabaleta y Comunidad el 18), Riosucio, Alto Baudó (Catru Central, corregimiento Apartadó y Río Dubasa), Litoral del San Juan, Bojayá (Cuia, Chicué y Pogue), y Juradó (Juradó y Jampabadó), con una apuesta innovadora que busca mejorar la protección colectiva con enfoque étnico. Estas comunidades fueron priorizadas teniendo en cuenta el acceso limitado a la asistencia humanitaria, su ubicación geográfica remota, y adicionalmente, buscando un equilibrio que permitiera la participación de diferentes grupos poblacionales ubicados en zonas clave de cada subregión del departamento.

El proyecto “Aumentar la resiliencia de las comunidades étnicas del Chocó a los riesgos inherentes de la región”, plantea el fortalecimiento de los mecanismos de protección colectiva mediante el empoderamiento de su Guardia Indígena, la construcción de capacidades para fortalecer la salvaguarda del territorio étnico, el buen gobierno y la prevención del reclutamiento forzado de menores.

Esta iniciativa es desarrollada en alianza con Act Iglesia Sueca, el Programa Colombia de la Federación Luterana Mundial, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y financiada por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea – ECHO.

El proyecto trabajará además la seguridad alimentaria y nutricional por medio de una estrategia de producción rápida de alimentos basada en la experiencia y saberes de las comunidades, e implementación de una estrategia de reducción del riesgo de desastres basada en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades desde su cosmovisión, saberes propios y prácticas culturales. La acción, también incluirá talleres de Educación en el Riesgo de Minas como medida que contribuya a mitigar los riesgos que enfrentan las comunidades étnicas en zonas rurales remotas.

Todo lo anterior se ha planteado como respuesta al contexto de conflicto que persiste en el país, buscando la posibilidad de una vida digna de las comunidades y víctimas.

Este proyecto se localizará en el departamento de Chocó, por ser una de las regiones que ha estado históricamente expuesta a los impactos de la violencia. Allí las comunidades indígenas y afrocolombianas viven aisladas y enfrentan múltiples amenazas relacionadas con el conflicto armado y los riesgos frente a los desastres naturales.

Actualmente las comunidades étnicas enfrentan riesgos de seguridad y protección, situación que ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos y al aumento de las emergencias humanitarias en un 53%, un grave subregistro de casos de violencia sexual basada en género, aumento de los riesgos asociados a minas antipersonal, amenazas directas a los dirigentes comunitarios y por lo tanto un debilitamiento de los procesos organizativos; asimismo, los graves efectos del confinamiento y las restricciones a la movilidad limitan el acceso a las fuentes de alimentos y debilita las prácticas productivas que garantizan su soberanía alimentaria, todo lo anterior sumado a los riesgos asociados a los fenómenos naturales.  

El proyecto tiene una duración de 11 meses contados a partir de mayo de 2020, teniendo como áreas de intervención los territorios de Bojayá, Juradó, Carmen de Atrato, Riosucio, Alto Baudó y Litoral del San Juan. A su vez, se trabaja de manera conjunta con los consejos comunitarios locales, los cabildos indígenas, las asociaciones indígenas, los gobiernos y secretarías municipales, Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres (CM-CDGRD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por otro lado, el Código de Conducta Internacional de FLM se aplica al Programa Colombia, incluyendo las políticas de prevención del fraude y anticorrupción. Contamos con estrictas regulaciones y procedimientos con respecto a la prevención del abuso y la explotación sexual. Todo esto, y más, está respaldado por nuestro mecanismo de quejas y comentarios, así como nuestros procedimientos de investigación organizacional. Por tal razón, la FLM tendrá a disposición de las comunidades un mecanismo de quejas, a través del cual los participantes pueden presentar y manifestar sus comentarios, quejas y elogios con respecto a los compromisos adquiridos por el proyecto, y al comportamiento del equipo humano de la FLM.