Comunidad de La Pesquera: Defendiendo el derecho a la vida y al territorio

La Federación Luterana Mundial- FLM Programa Colombia, a través del CPDH, brinda asesoría legal y acompañamiento a la comunidad de La Pesquera, a través del proyecto “Construyendo rutas de paz en nuestro territorio”, financiado por la Iglesia de Suecia. Foto: FLM/R. Leskinen

El caserío de La Pesquera, ubicado en el municipio de Arauquita del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, es el hogar de cerca de 300 familias (unas 1.300 personas) que llegaron a la zona luego de ser desplazadas de sus lugares de origen dentro del mismo departamento o desde la costa caribe colombiana.

Sin saberlo, estas familias fundaron el caserío en un territorio por debajo del cual pasa el oleoducto Caño Limón (Arauca)- Coveñas (Sucre). Esta circunstancia ha supuesto un constante peligro para su vida, una de ellas, que el oleoducto es blanco reiterado de ataques por parte de grupos armados ilegales. El más reciente ocurrió en noviembre de 2015, lo que generó enfrentamientos armados entre el Ejército -que hace una fuerte presencia en todo el departamento- y esos grupos.

Además de los inconvenientes de seguridad, la industria petrolera ha generado otros problemas graves:  Los derrames de crudo contaminan el suelo y las fuentes de agua, afectando la agricultura, la ganadería, la pesca y el acceso al agua potable y, en general, los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de la comunidad. La biodiversidad de la zona también está en peligro y las zonas residenciales se han vuelto  vulnerables a los desastres, debido a inundaciones cuyo impacto ha empeorado por causa del deterioro ambiental.

Pese a que sus pobladores habitan y trabajan en este territorio desde hace unas cuatro décadas, la realidad es que, según el Estado, no son propietarios de la tierra. "De las 300 familias que vivimos aquí, solo 6 tienen titulación”, afirma Edelgina Suárez, perteneciente a la Junta de Acción Comunal. Según ella, la falta de títulos de propiedad es la razón por la que el Estado no invierte en la zona: La Pesquera no tiene servicios de salud apropiados, ni acceso a agua potable, ni sistema de evacuación de aguas residuales. Además, sus habitantes no reciben ningún tipo de préstamos para el desarrollo de la comunidad ni para el sostenimiento familiar.

Según Carlos Castellanos, abogado del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), socio local de la Federación Luterana Mundial (FLM) en el departamento, el Estado argumenta que la construcción del oleoducto es anterior al asentamiento del caserío, por lo que podría desalojar a los habitantes de La Pesquera en cualquier momento. Las autoridades se amparan en la Ley 1728 de 2014, según la cual no es posible titular ningún predio que se encuentre a 2.5 km alrededor del oleoducto.

“Sin embargo, los derechos fundamentales priman sobre cualquier interés económico -dice Castellanos- y tanto el Estado como las personas que se asentaron ahí desconocían en su momento el trazado del tubo, por lo que se puede determinar que no hubo intención de la comunidad de ocupar un terreno prohibido, sino que su llegada fue producto de un proceso de colonización bastante típico del departamento”.

Dadas las circunstancias, la Federación Luterana Mundial- FLM Programa Colombia, a través del CPDH, brinda asesoría legal y acompañamiento a la comunidad de La Pesquera, a través del proyecto “Construyendo rutas de paz en nuestro territorio”, financiado por la Iglesia de Suecia.

Con el apoyo del  CPDH, los habitantes de La Pesquera se han organizado para exigir sus derechos: La Junta de Acción Comunal ha unido esfuerzos con otras organizaciones con el fin de incidir en el Estado para que les otorgue los títulos de propiedad sobre la tierra y para que reubique el oleoducto y este deje de ser un peligro para su vida y su subsistencia. Así mismo, la comunidad pide a las autoridades que inviertan en el desarrollo de la zona con escuelas, servicios de salud y protección del medioambiente.

"Estamos unidos y así tenemos que permanecer, de lo contrario, lo perderemos todo. Tenemos derecho a vivir tranquilos y en paz. Queremos ejercer nuestro derecho a la tierra y que el oleoducto sea reubicado para que podamos perder el miedo”, dice Simón Jiménez, habitante de La Pesquera. Sus palabras son el clamor de toda la comunidad.