10 años de La Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

En el día internacional Indígena y a 10 años de La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, desde la Federación Luterana Mundial – Programa Colombia, nos solidarizamos con los pueblos indígenas del país.

La población indígena en Colombia ha sido víctima del conflicto armado interno de manera desproporcionada. De los 378 defensores de derechos humanos que fueron asesinados entre 2002 y 2016 en Colombia, 123 eran indígenas[1]. El último informe de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, señala que entre 2015 y 2017 cada hora un(a) indígena fue víctima de desplazamiento forzado; cada día 4 indígenas fueron confinados; cada mes 39 líderes, lideresas y autoridades indígenas fueron amenazados. En los territorios donde se localizan muchos resguardos indígenas, generalmente hay presencia de grupos armados, minería ilegal, cultivos ilícitos y otros fenómenos que generan violaciones de los derechos humanos y los derechos territoriales de los pueblos étnicos.

Durante el conflicto colombiano, miles de hectáreas de tierras que pertenecen a los pueblos indígenas han sido despojadas; la población indígena sigue desplazándose y sus derechos al territorio y a la libre determinación siguen siendo vulnerados. El avance en la restitución de tierras a comunidades indígenas ha sido menor de lo esperado. Desde la creación de la ley de Víctimas y Restitución de Tierras (ley 1448) de 2011, solo hay 6 sentencias de restitución étnicas en Colombia, 5 indígenas y una para una comunidad afrodescendiente. El primero de los fallos es la sentencia 007 del Tribunal Superior de Antioquia, que ordena la restitución de las 53 mil hectáreas del resguardo Indígena Embera Katío del Alto Andágueda en el Municipio de Bagadó, Chocó. Aunque en 2014, el Tribunal ordenó una serie de medidas cautelares necesarias como la suspensión del estudio y trámite de las solicitudes de títulos mineros que traslapen los límites del resguardo, la suspensión de los contratos de concesión, y la recuperación de las zonas del resguardo que han sido explotadas por las empresas mineras, hasta el día de hoy, a tres años de la sentencia, la implementación de tales medidas ha sido lenta o, en algunos casos, inexistente.

La Federación Luterana Mundial acompaña al resguardo de Alto Andágueda desde hace varios años, apoyando la comunidad a transformar su situación de crisis humanitaria, así como en su exigencia por sus derechos étnicos y territoriales. La restitución de tierras, el respeto a culturas indígenas ancestrales y el derecho a la autodeterminación, son protegidas por la ley y se debe asegurar su implementación efectiva en los territorios. De la mano con nuestros socios, la FLM seguirá trabajando por promover la voz de las comunidades más vulnerables de este país, la protección de sus derechos y la transformación de las condiciones que les vulneran.