Por qué trabajamos en Arauca

Arauca es uno de los departamentos creados por la Constitución de 1991, por lo que su institucionalidad es aún joven. Esto es determinante al analizar la presencia de instituciones civiles del Estado y el acceso de sus 253.565 habitantes a servicios básicos como agua potable, educación y salud. 

Allí viven comunidades afrocolombianas, indígenas en peligro de extinción y una población campesina asentada, en su mayoría, a causa de movimientos migratorios. Unos llegaron buscando oportunidades que no tenían en sus territorios; otros, huyendo del conflicto armado. 

La riqueza en hidrocarburos ha marcado la vida de la población, no solo porque para algunos es su fuente de subsistencia, sino porque las raíces del conflicto en la región han estado estrechamente ligadas al modelo de desarrollo económico centralista, basado en la explotación de recursos naturales más que en la transformación de materias primas o en la agricultura.

Esto ha atraído a diferentes grupos armados, a lo que el Estado ha respondido con la militarización para dar seguridad a las compañías petroleras. Arauca es el segundo departamento con más ataques contra ese tipo de infraestructura, lo que ocasiona graves afectaciones a los ecosistemas y a la subsistencia de la población.

La presencia de Minas Antipersonal (MAP), Remanentes Explosivos de Guerra (REG) o Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), además del incremento de los homicidios selectivos y las privaciones de la libertad, preocupan a la población, a las autoridades y a las organizaciones internacionales.

Debido a la poca visibilidad de la situación humanitaria en Arauca y a la baja presencia y capacidad del Estado, la FLM ha sido clave para contribuir a la atención y protección de las personas afectadas por desastres naturales y el conflicto armado.